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ReportajeTransformar nuestro mundo

Transformar nuestro mundo

Texto y fotos: Carlos Eduardo Gómez

Dado el panorama actual de pobreza generalizada, analfabetismo, violencia contra la mujer, desigualdad económica, desequilibrio en la distribución de los recursos y escasez de agua, la Organización de Naciones Unidas trazó en 2015 una trayectoria de progreso, paz y armonía mediante el planteamiento de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los cuales se espera que en 2030 se hayan superado estos obstáculos que impiden que la humanidad alcance su máximo esplendor.  He aquí las cifras que sustenta a 4 de estos 17 objetivos.

Educación de calidad

El informe de la UNESCO de junio de 2017 muestra que las cifras de pobreza en el mundo se podrían reducir a más de la mitad si todos los adultos completaran los estudios de secundaria. Al respecto, António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, afirma que cuando las personas obtienen una educación de calidad escapan al ciclo de la pobreza y se abren nuevos horizontes para la familia, la igualdad de género, los derechos humanos, la no violencia y el desarrollo sostenible.

Conversando con Panorama de las Américas sobre esta compleja temática Marcela Huaita, abogada, experta en género y ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, comentó que durante los últimos 15 años, se lograron importantes avances en el acceso a la educación en todos los grados, aumentó la tasa de asistencia escolar, sobre todo entre las mujeres y niñas, y se redujo aceleradamente el analfabetismo. En efecto, en los países en desarrollo la cifra de menores matriculados en primaria alcanzó el 91%. Sin embargo, aún 103 millones de jóvenes carecen del mínimo de alfabetización y 57 millones de niños siguen sin escolarizar, el 50% de los cuales vive en zonas afectadas por conflictos.

Por esta razón, no es gratuito que los líderes del mundo hayan incluido entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU alcanzar una educación de calidad. Durante los próximos trece años, los países adscritos al sistema deberán iniciar programas que permitan asegurar que los niños tengan acceso a servicios de atención desde la primera infancia y accedan así a educación preescolar, primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad. De igual forma, deberán propender por asegurar acceso igualitario a una formación técnica, profesional y superior de calidad, para aumentar las competencias necesarias que permitan ingresar a empleos dignos y emprendimientos sustentables.

Los objetivos incluyen mejorar la infraestructura para las personas con discapacidad y ofrecer becas a los estudiantes de los países en desarrollo que les permitan cursar programas de enseñanza superior, técnicos científicos, de ingeniería y tecnologías de la información.

Igualdad de género

En 2015 las Naciones Unidas acordaron 17 objetivos a lograr antes de 2030 a escala global. El quinto de ellos es la igualdad de género. Al respecto, Diana Gómez Correal, PhD. en Antropología, de la Universidad de Carolina del Norte, expresó a Panorama de las Américas que este reconocimiento de igualdad no solo es un derecho humano, sino el pilar para la construcción de sociedades más justas, pacíficas, democráticas, prósperas y sustentables.

Sobre este asunto, Marcela Huaita opina que América Latina y el Caribe han realizado importantes avances en equidad de género. De 1990 a 2011, diez países de la región aprobaron leyes de igualdad para las mujeres, seis naciones poseen ministerios de la mujer, dos tienen viceministerios y once han instaurado institutos, consejerías o secretarías de la mujer. Son instancias importantes para visibilizar las dificultades y trazar políticas transversales de equidad que garanticen el monitoreo de resultados y la asignación de recursos a estos proyectos.

Pese a ello, una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia física o sexual, principalmente a manos de un compañero sentimental. Se sabe también que las mujeres que participan en política y procesos electorales en democracias débiles y en países en transición tienen una probabilidad cuatro veces mayor que los hombres de ser objeto de acciones intimidatorias y discriminatorias. Más de setecientos millones de mujeres se casaron siendo menores de edad, casi la mitad de las cuales lo hicieron antes de cumplir quince años. Y por supuesto, las niñas casadas son más vulnerables a ser víctimas de violencia, embarazo precoz e infecciones de transmisión sexual.

El acuerdo entre naciones pretende frenar la discriminación y todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, en los ámbitos públicos y privados, en todo el mundo antes de 2030 y eliminar prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Se busca también asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva e incentivar su igualdad de derechos a los recursos económicos, financieros, naturales y de propiedad sobre la tierra.

Agua limpia y saneamiento

Garantizar el acceso al agua potable es un derecho humano esencial. El cambio climático, la escasez de agua dulce y el mal saneamiento socavan la seguridad alimentaria, la salud y la vida. Sin embargo, se calcula que para 2050 al menos una de cada cuatro personas vivirá en un país afectado por escasez crónica de agua dulce.

Informes de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF reconocen que los Estados han aumentado el presupuesto para agua y saneamiento en 4,7% anual y, desde el año 2000, millones de personas han ganado acceso a agua potable y saneamiento. No obstante, la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y unos 2.100 millones de personas en todo el mundo utilizan una fuente de agua contaminada con restos fecales. El consumo de esta agua mata cada día a más de 950 niños menores de cinco años y a dos millones de personas anuales. Unos 2.400 millones de personas carecen de retretes o letrinas y más del 80% de las aguas residuales de la actividad humana se vierten en ríos o en el mar sin tratamiento alguno, provocando alta contaminación y afectando la salud y la vida de dichos ecosistemas.

En consecuencia, entre las metas a 2030 figura lograr el acceso universal y equitativo al agua limpia, poner fin a la defecación al aire libre y proteger y recuperar los ecosistemas relacionados con el agua, incluyendo bosques, montañas, humedales, ríos, lagos y acuíferos.

Reducir la desigualdad

En opinión de Guterres, “el racismo, la exclusión, la xenofobia, el antisemitismo y la islamofobia envenenan nuestras sociedades, por lo que es necesario combatirlos en todo momento y lugar”. La desigualdad en el mundo nos afecta a todos. A pesar de que se ha logrado reducir la desigualdad de los ingresos entre países, ha aumentado dentro de los países. Guterres también afirma que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza, si no es inclusivo e ignora las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Estudios del Banco Mundial demuestran que una excesiva desigualdad perjudica el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la autoestima personal.

Estadísticas de Naciones Unidas informan que la desigualdad en los ingresos aumentó un 11% en los países en desarrollo de 1990 a 2010 y que es urgente considerar el vínculo entre la desigualdad de los ingresos y la inequidad de las oportunidades para alcanzar este objetivo de manera eficaz. La base de datos del Banco Mundial muestra que los cinco países con mayor desigualdad son africanos, seguidos por cinco latinoamericanos. Según datos de la empresa de servicios financieros Credit Suisse, el 1% de las personas más ricas en 2016 tenían más riqueza que el 99% de la población mundial.

Por ello es imperativo aumentar los ingresos del 40% de la población más pobre a una tasa superior a la media nacional; impulsar la inclusión social, económica y política de todas las personas, garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad, incluso eliminado las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones participativas, de protección social y crecimiento económico inclusivo. Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de estas instituciones.

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