Hay quienes luchan

Por:  Juan Abelardo Carles, Carlos Augusto Rodríguez

El tema de los derechos humanos en América Latina tiene mucho de claroscuro y algo de vaivén. Tan pronto se avanza en la protección para las minorías sexuales en uno o dos países, se retrocede en otros sitios en cuanto a las reivindicaciones de grupos indígenas, mujeres o desplazados por la violencia.

Según Marlene Alejos, representante regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la región hay desafíos, pero se gestan también oportunidades. “Hay casos puntuales en los que hemos visto retrocesos en las libertades de expresión o asociación, por nombrar algunos, países donde al ir a una marcha se juega la vida. Pero quiero pensar que estas situaciones van a ser superadas y es por ello que la demanda de la población y de los defensores de derechos humanos es muy importante, pues la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normatividad internacional enmarcan muy bien estas libertades”.

Se trata de individuos excepcionales que encaran presiones y amenazas para que cesen en sus esfuerzos por reivindicar derechos que han sido negados históricamente, liderando iniciativas cívicas que sirven de atalaya, torre y faro para detectar y combatir reacciones contra la expansión del Estado de derecho. “Todos podemos defender nuestros derechos, pero la diferencia con los defensores es que ellos han decidido defender públicamente los suyos y los de otros. Los respetamos enormemente porque se requiere mucha valentía para hacerlo. Sin ellos, las Naciones Unidas no podrían hacer su trabajo, pues son los que alertan sobre situaciones de vulneración, los llevan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y exigen a los gobiernos respetar y actuar para proteger los derechos de la población”, explica Alejos.

Ahí donde la mayoría de nosotros habría colgado los guantes, ellos continúan luchando.  

Marilyn Rice-Bowen (Barbados)

Defensora de los derechos humanos de las mujeres desde hace 25 años, Rice-Bowen ha presidido la Organización Nacional de las Mujeres (YWCA) de Barbados y encabezado los comités de género de la Asociación de Mujeres del Caribe. “Lo que detonó mi activismo fue el hecho de que las mujeres estaban perdiendo sus vidas por actos violentos y que la sociedad, en general, permanecía silenciosa. Reconocí que tenía que prestar mi voz a esta causa y ser la voz de las sin voz”, reconoce.

La activista cree que su mayor logro ha sido la transformación tanto de las mujeres ante el acto de violencia, como de los gobiernos frente al marco legal para combatirla. “A través del Caribe, he atestiguado cómo los gobiernos van reconociendo la necesidad de revisar y actualizar las leyes que tipifican la violencia doméstica y de género para incorporar, por ejemplo, el acoso electrónico mediante celulares. También me causa gran satisfacción ver cómo la actitud de la mujer va cambiando de una de víctima a una de sobreviviente. Y todo ello en un lapso muy corto”. 

Venus Tejada (Panamá)

Venus Tejada lleva casi veinte años liderando la lucha para el reconocimiento de la comunidad transexual en Panamá. “Una tarde, mi madre me llamó para que sintonizara el noticiero y viera cómo unos policías estaban agrediendo a unas compañeras trans. Ella me dijo que tenía que hacer algo por ellas”, recuerda la activista como el motivo que la llevó a emprender esta lucha. Ahora preside la Asociación Panameña de Personas Trans y es parte de la Red Latinoamericana del Caribe de Personas Trans.

La situación para el colectivo trans en la región no es halagüeña. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 80% de las mujeres trans en Latinoamérica muere antes de cumplir los 35 años; estadística que en gran parte radica en la exclusión, la discriminación y la violencia. Un escenario que Venus tampoco pudo eludir. “Haberme criado en una familia 100% católica y ver cómo algunos grupos religiosos nos discriminan y realizan campañas de odio y violencia hacia la población LGBTI fue un gran reto para mí. Para afrontarlo tuve que entender que no son todas las iglesias ni todas las personas; sin embargo, los que discriminan son los que más ruido hacen”. 

Juan Pablo Olmedo (Chile)

El Informe de la UNESCO sobre acceso a la información de 2017 destacaba el avance en legislación latinoamericana en el tema, pues la mayoría garantiza el acceso a la información oficial (excepto cuatro países). Juan Pablo Olmedo, de Chile, es uno de los activistas más relevantes en lograr esto. Su activismo inició tras la restauración democrática y tuvo que ver con la exhibición de un largo metraje: La última tentación de Cristo. “La película fue bien recibida y considerada por la crítica como una obra de arte cinematográfica; sin embargo, su exhibición fue censurada por iniciativa y presión de un grupo de abogados de fuerte línea religiosa”, recuerda. La censura fue denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El esfuerzo fructificó y por eso el reclamo de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas halla cada vez más eco en la opinión pública y los movimientos cívicos en Chile y otros países de la región. “El cambio ha sido notable. Para mí, hoy día cuando veo la prensa y escucho el debate público me doy cuenta de que supera lo que teníamos hace veinte años, especialmente en cuanto al nivel de responsabilidad de los actores que están participando dentro del debate y en lo rudo del mismo. Me parece que hay mayores voces de libertad de expresión y con la tecnología y las redes sociales”.  

Lucila Bettina Cruz Velásquez (México)

Las comunidades Binni’zaa (zapotecas) del estado mexicano de Oaxaca luchan contra un proyecto de energía eólica, pues sostienen que se les violó el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa e informada sobre el tema. El tipo de luchas en las que se ha venido involucrando Bettina desde hace casi cuarenta años. De hecho, ella integra el movimiento de resistencia civil contra los precios altos de la electricidad y la lucha frente a megaproyectos eólicos, lo que le ha valido varias amenazas.

“Los pueblos indígenas hemos sido marginados y excluidos históricamente en México; desde la época colonial hasta la fecha hemos sido despojados sistemáticamente de nuestros derechos al territorio, a nuestros bienes culturales y naturales; estos han sido utilizados para beneficio de la clase política y económica en turno, sin ningún beneficio para nuestros pueblos”, explica la activista. Aunque queda mucho trabajo por delante, reconoce avances, sobre todo en la organización de las comunidades para defender sus territorios ancestrales y su derecho a una vida digna desde sus propias visiones del mundo. 

Luis López (El Salvador)

La lucha de Luis López por los derechos de los migrantes comenzó en febrero de 2001, cuando su hermano mayor desapareció mientras transitaba por la peligrosa ruta migratoria hacia Estados Unidos. “Mi familia y yo empezamos a buscar ayuda con las autoridades y organizaciones; recorrimos oficina tras oficina y nunca nos dieron respuestas. El tema de los migrantes desaparecidos no se tocaba en los Estados Unidos. Durante esta búsqueda fui conociendo a familiares de otros migrantes desaparecidos, nos fuimos organizando con apoyo de una organización llamada CARECEN y formamos el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (COFAMIDE)”.

Desde entonces, López ha enfrentado varios obstáculos, entre los que destacan el poco interés de la sociedad hacia los migrantes desaparecidos y la falta de programas de asistencia para sus familiares. Sin embargo, su labor ha cristalizado en una mayor consciencia gubernamental y social sobre el drama de los migrantes. En 2010, El Salvador creó el Banco de Datos Forenses, que ha permitido estandarizar los métodos de identificación de cadáveres; mientras México formó la Comisión Forense, tras las masacres de Tamaulipas (2010, 2011 y 2012), así como la inclusión de migrantes desaparecidos extranjeros en las coberturas de la Ley General de Víctimas de México.