Sed de agua
Por Ana Teresa Benjamín
Fotos: Carlos Gómez, Javier Pinzón
Desde siempre, el pueblo wayúu supo cómo vivir en las tierras de La Guajir colombiana que, aunque desérticas, eran regadas parte del año por la vena vital del río Ranchería. Durante la época de lluvias, los wayúu sembraban y con ello enriquecían la dieta. Durante la época seca, “cavábamos unos tres o cuatro metros para encontrar agua y conseguíamos”, explica Leonor Viloria, coordinadora en Colombia de la Organización Binacional de Mujeres Wayúu.
Pero a partir de 2011 los wayúu notaron que el Ranchería se estaba secando, y lo primero que pensaron era que se trataba de algún tipo de castigo sobrenatural. Luego dejó de llover y se instaló la sequía. Tiempo después supieron que el río no se había secado: habían terminado de construir la represa El Cercado para asegurarle el agua a El Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, pero el sistema para distribuir el agua a las comunidades que también era parte del proyecto nunca se concretó.
Somos agua
El Banco Mundial indica que una persona necesita unos veinte litros de agua potable diarios para satisfacer sus necesidades metabólicas, domésticas e higiénicas, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece cantidades más generosas: entre cincuenta y cien litros.
El acceso al agua es un derecho humano reconocido mediante la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de julio de 2010 y es tan fundamental que su disponibilidad es imprescindible para la realización de todos los demás derechos. Sin embargo, cuatro de cada diez personas sufren escasez de agua y, según destaca la OMS, “la situación está empeorando debido al crecimiento de la población, el desarrollo urbanístico y el aumento del uso del agua con fines industriales y domésticos”.
Dicha organización plantea que hay escasez incluso donde hay precipitaciones abundantes o gran cantidad de agua dulce debido a la forma como se utiliza y distribuye. Esto no sólo afecta a los hogares, sino también a las explotaciones agrícolas, la industria y el medio ambiente.
Pese a la escasez de agua que ya sufrimos, el informe de Naciones Unidas Desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, de 2014, establece que la demanda mundial de agua aumentará cerca del 55% para el año 2050, “principalmente debido a la creciente demanda de la producción (400%), la generación de energía térmica (140%) y el consumo doméstico (130%)”. Para la misma época, más del 40% de la población mundial vivirá en zonas con severos problemas hídricos.
Conflictos por el uso de agua en América
El principal uso del agua en el mundo es para la agricultura, aunque gran parte de esta actividad no siembra productos para el consumo humano, sino para la generación de biocombustibles. En segundo lugar está el uso doméstico. Sin embargo, es la industria en particular, la industria de la energía la actividad que cada vez toma más relevancia en el mercado del consumo de agua.
Según el informe Agua y energía, de Naciones Unidas, el 90% de la electricidad mundial se produce usando agua, y cualquier decisión que se tome en un sector influye en el otro, “para bien o para mal”, porque el suministro de agua y el de energía son interdependientes. Considerando la cantidad de conflictos relacionados con el uso del agua que se reportan en América Latina, parece que las decisiones se están tomando sin pensar en todos los usuarios.
Tal como indicaron varias organizaciones civiles en el período de sesiones número 156 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en octubre de 2015, “América Latina se encamina hacia una agudización en la problemática de la explotación de fuentes de agua”, dada la creciente presión por los recursos naturales para el desarrollo de actividades extractivas, “entre las que se destaca la construcción de represas y la explotación minera”.
En Chile, por ejemplo, los mapuches están peleando por conservar el río Pichitrankura, en la comuna de Curarrehue, en la Araucanía. Allí se quiere instalar una casa de máquinas para el proyecto hidroeléctrico Central Añihuarraqui, pero los mapuches denuncian que su construcción intervendría espacios “significativos para la espiritualidad” y dividiría las comunidades.
En el país austral se guían por un régimen basado en un sistema de derechos de aprovechamiento de aguas (DAA), que permite la libre circulación de los DAA en el mercado de bienes y servicios y el uso y la disposición de un determinado volumen de agua en forma exclusiva a los titulares de estos derechos. En pocas palabras, el agua es un bien privado que se compra.
Por otra parte, durante los últimos seis años, en Panamá se han construido 23 centrales para suplir la necesidad de un mercado que cada año demanda un 6% más de energía, de la cual el 60% es utilizado para refrigerar los centros comerciales y oficinas de Ciudad de Panamá. Más de la mitad de estas represas fueron levantadas en tres ríos de la provincia de Chiriquí, principal productora agrícola del país, que en sus recorridos bañan comunidades y pueblos dedicados al cultivo de papa, hortalizas, granos y frutas.
Las denuncias por la construcción masiva de hidroeléctricas comenzaron en 2006. Con varias represas ya levantadas, la idea ahora es evitar la construcción de más “porque se sobreexplotó la capacidad de las cuencas”, según Damaris Sánchez Samudio, líder de la Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP).
Noel Trejos, director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas de MiAmbiente ministerio encargado del tema ambiental en Panamá admitió en una entrevista que las quince represas construidas en los ríos Chiriquí, Chiriquí Viejo y Chico desde 2010 los habían fragmentado de tal forma que, si bien las hidroeléctricas son consideradas “tecnologías limpias”, al hacerlas en cascada (una detrás de la otra)como fueron construidas éstas impide la regeneración del río y la disponibilidad del recurso para otros propósitos.
Félix Wing Solís, secretario general de MiAmbiente, reconoció en un foro, realizado en enero pasado en Ciudad de Panamá, que las cuencas de los ríos mencionados ya estaban “saturadas de hidroeléctricas… y que muchas se aprobaron sin conocer los caudales de los ríos”. No obstante, ya se empezó a construir una séptima represa en el río Chico.
En México, una de las nuevas amenazas ambientales es el fracking (fractura hidráulica), técnica usada para extraer petróleo y gas natural. En su portal de internet, la Alianza Mexicana contra el Fracking denuncia que, al menos desde 2003, han sido perforados 924 pozos, distribuidos así: Veracruz (349), Puebla (233), Nuevo León (182), Tamaulipas (100), Coahuila (47) y Tabasco (13). En cada uno de estos pozos se necesitan de 9 a 29 millones de litros de agua, porque es el agua la que “fractura” la tierra, haciendo posible la salida del gas.
Según Claudia Campero, miembro de la Alianza, en sitios como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas ya existe un problema de disponibilidad de agua, pero se siguen dando permisos para explorar y explotar. De hecho, en la todavía reciente reforma energética del país se “establecieron todas las facilidades para el acceso a la tierra a las empresas que exploren y extraigan hidrocarburos”, explicó Campero, mientras las consultas a las comunidades no se realizan, “aunque en teoría deberían existir”.
El caso de Honduras alcanza tintes dramáticos. A principios de marzo pasado fue asesinada la activista y defensora de derechos humanos Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien se destacó como líder contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá. El grupo indígena lenca, habitante de la región, se opone al proyecto porque afecta un río que ellos consideran importante para su sobrevivencia y espiritualidad.
Gracias al empeño en su lucha ambientalista, Cáceres ganó en abril de 2015 el reconocido Premio Goldman, pero este mismo ahínco la hizo blanco de amenazas que terminaron la madrugada del 3 de marzo, cuando unos hombres irrumpieron en su vivienda y le dispararon. Agua Zarca es uno de los 17 proyectos hidroeléctricos propuestos en el territorio lenca, luego de que en agosto de 2009 se promulgara una nueva Ley General de Aguas que estableció condiciones para usufructuar el agua.
La justicia ambiental invoca, cada vez con mayor fuerza, los tres pilares del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992: toda persona tiene derecho a acceder a la información en poder de las autoridades, a influir en la toma de decisiones que lo afecten y a recurrir a la justicia ambiental para corregir daños o disputas.
En el informe presentado ante la CIDH en octubre pasado, titulado Afectaciones al derecho al agua como consecuencia de la implementación de proyectos extractivos en la región, las organizaciones denunciaron que existe un patrón regional “para implementar masivamente los que se han denominado proyectos de ‘desarrollo’, entre los que se destacan construcción de represas y explotación minera”, y eso “ha derivado en graves violaciones de derechos humanos, que van desde el desplazamiento forzado de personas y comunidades, hasta la violación sistemática del derecho a la consulta previa de pueblos indígenas” y comunidades campesinas.
Todo esto es posible, según aseguran organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Justicia Global, Tierra Digna y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), entre otras, porque el patrón incluye la aprobación de marcos jurídicos que favorecen la expropiación del recurso hídrico para proyectos extractivos, la contaminación de las fuentes hídricas y la ausencia de consentimiento libre, previo e informado.
La realidad de los wayúu, en La Guajira, es un buen ejemplo para ilustrar la situación. Sólo para regar las vías por las que transitan las volquetas, y así aplacar el polvo del carbón, El Cerrejón utiliza 17 millones de litros diarios de agua que extrae del río Ranchería, mientras que el consumo promedio, también diario, de una persona en la Alta Guajira es de 0,7 litros de agua no tratada, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Al respecto, un documento que el pueblo wayúu envió en febrero de 2015 a la CIDH certifica que la falta de acceso a agua potable y alimentos ha causado la muerte de 4.770 niños en La Guajira durante los últimos ocho años.
Mientras todo esto ocurre, los países firmantes de la Declaración de Río están en negociaciones para decidir si el Principio 10 que hasta ahora tiene el peso de una recomendación moral puede tomar fuerza de ley, con lo que las consultas públicas serían necesarias para poder realizar cualquier tipo de proyecto. Como dice la abogada ambiental María Soledad Porcel, del CIAM, si las negociaciones prosperan, se tendrían que hacer las consultas en el idioma natal, aumentaría la cantidad de días para presentar objeciones y también la responsabilidad de promotores y consultores, porque el incumplimiento conllevaría consecuencias legales. En resumen, “se fortalecería la democracia y la buena gobernanza ambiental, esenciales para el desarrollo sostenible”, agregó Susana Serracín, también abogada del CIAM.
No ocurriría al menos esa es la apuesta lo que pasa hoy en La Guajira. “El agua está siendo retenida para intereses comerciales e industriales y no para la población”, insistió Viloria, con el ruido de la ciudad de Riohacha de fondo; “porque ahora cavamos sesenta y hasta setenta metros, y no encontramos agua”.
