El cambio climático, los pueblos indígenas y las comunidades locales
Texto y fotos: Javier A. Pinzón
El mundo está en una encrucijada: los efectos del cambio climático son cada vez más notorios mientras la deforestación, que genera el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo y el 58% en América Latina, crece de manera alarmante. Sin embargo, un estudio del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) detectó que las tasas de deforestación eran dos o tres veces más bajas en los territorios donde se reconocían y protegían los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Brasil es un ejemplo de cómo estos grupos mantienen y preservan los bosques, pues allí las tierras pertenecientes a grupos indígenas y comunitarios contienen un 36% más de carbón por hectárea y emiten 27 veces menos dióxido de carbono proveniente de la deforestación que los bosques resguardados por el Estado.
En su libro Indígenas, parques nacionales y áreas protegidas (Indigenous Peoples, National Parks, and Protected Areas), Stan Stevens explica cómo la creación de los primeros parques nacionales en Estados Unidos, durante el siglo XIX, evitó que los no nativos se asentaran en áreas de valor especial, pero también expulsó a los pueblos indígenas que habían vivido allí durante generaciones de manera sostenible. Este enfoque proteccionista, basado en la concepción de una naturaleza prístina sin la intervención de la mano del hombre, fue replicado luego en el resto del mundo.
A pesar de todo, en los años 70 y 80 fue cambiando esta perspectiva que expropia y reasigna las tierras nativas para conformar los parques y más bien se resaltó la importancia de incorporar el desarrollo sostenible como un concepto básico para lograr la conservación. Ya en el año 2000, con el fortalecimiento de los movimientos indígenas y de derechos humanos, se impulsaron grandes cambios en los marcos de la conservación global. Y apenas en 2003, durante el V Congreso Mundial de Parques, se estableció un nuevo paradigma para las áreas protegidas. Durante el evento se efectuó el Acuerdo de Durban, en el cual las partes se comprometieron a apoyar la relación integral de las personas con las áreas protegidas e incluir a las comunidades locales e indígenas en la creación, declaración y gestión de dichas áreas.
Por otra parte, en la conferencia sobre compartir el poder realizada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) en Whakatane (Nueva Zelanda), en enero de 2011, se reunieron representantes indígenas, los presidentes de tres de las comisiones de la UICN y empleados de la Conservación Internacional y del Forest Peoples Programme (FPP). Esta conferencia dio como resultado “el mecanismo de Whakatane”, el cual evalúa la situación en diferentes áreas protegidas del mundo y propone e implementa soluciones en aquellos lugares donde los pueblos han sido vulnerados. Además el mecanismo celebra y apoya las asociaciones exitosas entre los pueblos y las áreas protegidas.
Pero no todo está superado. Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas, declaró en 2016 que la comunidad conservacionista no ha cumplido los compromisos adquiridos con los derechos de los pueblos indígenas. Según su reporte, aún existen proyectos que tienen el apoyo de las principales organizaciones conservacionistas que desplazan de su hogar ancestral a las poblaciones locales.
Iniciativas conservacionistas
La creación de 26 a 34 áreas protegidas en la cuenca del Congo ha desplazado a las poblaciones locales. En la lista están los parques nacionales Boumba Bek y Nki, en Camerún.
Poblaciones locales han sido expulsadas ilegalmente de sus hogares en la Reserva de Tigres Kahn, en India.
En Colombia, los límites del Parque Nacional El Cocuy se intercalan con el territorio del pueblo u’wa. El parque se mantiene bajo la jurisdicción del gobierno a pesar de la degradación ambiental y las violaciones a los espacios sagrados generadas por los turistas.
En 2014, el gobierno de Nepal declaró área protegida la región de Chure sin consultar a los líderes de las comunidades indígenas.
En Kenia, los pueblos ogiek y sengwer habitan y mantienen los bosques que protegen el abastecimiento de agua para millones de personas río abajo. Sin embargo, estas comunidades han sido removidas por la fuerza de sus territorios y sus hogares han sido quemados, todo en nombre de la conservación de los bosques.
Según un estudio de Luciana Porter-Bolland y colaboradores, realizado en 2012, los pueblos indígenas y las comunidades locales son esenciales para la preservación de los bosques. Cálculos conservadores asignan un 20% del carbono superficial almacenado en los bosques tropicales a territorios reclamados por pueblos indígenas de Mesoamérica, la Amazonia, República Democrática del Congo e Indonesia. No obstante, solo una pequeña parte de estos territorios son reconocidos legalmente.
En Centroamérica, el 51% de los bosques más significativos están dentro o colindando con las áreas que habitan y usan los pueblos indígenas, lo cual equivale a 282.000 kilómetros cuadrados: cinco veces el tamaño de Costa Rica. Esto se debe al uso tradicional que le dan los pueblos indígenas a su entorno, así como a las políticas de desarrollo, el grado de organización social y la cultura dominante. Basta escuchar las palabras de Cándido Mezúa, líder de la etnia emberá en Panamá y miembro de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques: “Cuando hablamos de modelos de conservación y de nuestra forma de vida, hablamos de lo mismo. Las comunidades indígenas simplemente no lo ven como conservación, sino como una forma de vida, porque estamos inmersos en ese mundo. Somos parte de la naturaleza, a la cual nuestras comunidades se han adaptado”.
A pesar de estas experiencias de los pueblos indígenas en la conservación de los bosques, según Tauli-Corpuz, es claro que se necesitan garantías sólidas para evitar que algunas de las soluciones climáticas tengan un impacto terrible en las personas que ya son los mejores guardianes de nuestros recursos. En Panamá hay un claro ejemplo: el área del Darién, compuesta por selvas y pantanos en la cuenca hidrográfica del Bayano, la comarca Guna Yala y la provincia del Darién, que posee los sistemas vivos más diversos del país. Los ricos ecosistemas de esta región permanecían intactos en su mayoría por medio del cultivo rotativo tradicional, la caza y los sistemas de recolección de sus pueblos indígenas, hasta el inicio de dos grandes proyectos de infraestructura en los años 70: la represa hidroeléctrica del Bayano y la autopista del Darién, que generaron la destrucción de pantanos y selvas, y el desplazamiento de pueblos indígenas. Más recientemente, en 2016, Panamá vivió también el desplazamiento de algunos de los pobladores de la comarca Ngäbe-Buglé debido a la construcción de la hidroeléctrica de Barro Blanco.
Pero no todo son malas noticias. Después de siglos de lucha, el año pasado le fue reconocido al pueblo miskito, de Honduras, su derecho legal a más de un millón de hectáreas de sus tierras ancestrales (el equivalente al 7% de la superficie del país). Una considerable porción de estas tierras está en la Reserva de la Biosfera de Río Plátano (RBRP), que se halla bajo amenaza. Los nuevos derechos garantizados por la titulación dentro de la RBRP han estimulado nuevas negociaciones sobre cómo gobernar el parque entre el pueblo miskito y el gobierno de Honduras.
Según Mina Serra, líder de la Alianza de Organizaciones Indígenas del Archipiélago (AMAN), de Indonesia, las comunidades indígenas y sus bosques corren el riesgo de una expropiación injusta y la captura de intereses más poderosos. “Nuestros pueblos están en riesgo de ser desplazados. Cuando esto suceda ya no habrá nadie para proteger los bosques”, afirmó.
